FSC-CCOO Madrid | 29 de marzo de 2024

CCOO gana una sentencia que anula un requisito que impedía contratar a jóvenes por un criterio sumamente discriminatorio

    La Secretaría de Juventud del Sector de la Administración General del Estado de CCOO y la Sección Sindical Estatal de CCOO de Economía y Hacienda, en colaboración con el gabinete jurídico de la Federación de servicios a la ciudadanía de CCOO en Madrid, han obtenido una sentencia favorable contra la discriminación establecida por la Comunidad de Madrid a los y las jóvenes investigadoras inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil.

    05/10/2018.
    Interior de un laboratorio de investigación

    Interior de un laboratorio de investigación

    Intenso y extenso trabajo sindical desplegado para intentar solucionar y defender a un significativo número de jóvenes, que se han visto privados de obtener su primer empleo por un criterio sumamente discriminatorio como es el estar empadronado o no en una determinada Comunidad, contraviniendo así los derechos establecidos en el artículo 14 (Igualdad) y artículo 23 apartado 2 (acceso a la Función Pública) de nuestra Constitución.

    Hablamos de ciudadanos/as españoles/as y, por tanto, europeos/as, menores de 30 años, que han de estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y que no han podido ser, ni siquiera, admitidos/as al proceso selectivo. Hay que tener presente que estos contratos están financiados en un 93 % por el Fondo Social Europeo, pero a la juventud de este país se le impide optar a ellos por el mero hecho de no estar empadronados/as en un determinado territorio del Estado, en este caso Madrid. En algún caso, incluso, se ha consentido dejar desiertas las plazas objeto de provisión por ese mismo motivo (en el CSIC), con lo cual las ayudas europeas no operan en nuestra Administración merced a esta situación. Este proceso también se ha recurrido por CCOO.

    Son muchos los esfuerzos e iniciativas de distinta índole desplegadas sindicalmente para solucionar este asunto en la Mesa Delegada del Ministerio de Economía, en los foros de negociación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), ante el Defensor del Pueblo, frente a la Dirección General de la Función Pública, e incluso directamente ante diversos Secretarios Generales de los Organismos Públicos de Investigación OPIs. A pesar de ello, nos vemos obligados nuevamente a acudir a los Tribunales de Justicia para que se restablezca los principios de igualdad y justicia. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ministerio de Economía y Empresa (antes Economía y Competitividad), ni Función Pública han mostrado la más mínima sensibilidad a nuestras demandas y reclamaciones, lo que se ha traducido en un atropello intolerable a los derechos constitucionales de las personas afectadas.

    Resulta evidente que se siguen produciendo excesos contra la ciudadanía, y las instituciones no actúan con un mínimo de rigor, incumpliendo la Ley y perturbando la construcción de un futuro prometedor para nuestra juventud y, por tanto, para el conjunto de la sociedad.

    La Justicia, finalmente, han acabado dándonos la razón, aunque llega tarde y el daño ya está hecho. Mientras, las personas responsables siguen instaladas en la impunidad más absoluta.