Prisiones debe explicar el experimento con presos violentos

    Esta mañana CCOO ha solicitado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias y del director general de Ejecución Penal, para que expliquen la información publicada en los medios de comunicación sobre la realización de una investigación científica con presos violentos en las prisiones de Huelva y Córdoba, que consiste en suministrar corriente eléctrica de 1,5 miliamperios en la frente de estos internos.

    11/03/2019.
    Prisiones

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    De ser cierto el experimento, desde CCOO solicitarán al Ministerio del Interior que lo paralice definitivamente, ya que las reglas penitenciarias europeas y la normativa penitenciaria prohíben que se realicen experimentos médicos o científicos con los presos, salvo que se tratara de investigaciones terapéuticas que permitieran esperar un beneficio directo y significativo para su salud. Por lo tanto, las investigaciones no terapéuticas están totalmente prohibidas.

    “Nos parece muy preocupante y cuanto menos cuestionable equiparar la violencia a una enfermedad y el intento de patologizar a las personas que cometen hechos delictivos violentos, dado que puede ponerse en cuestión su responsabilidad penal. Ni todas las personas violentas son enfermas, ni todas las personas que sufren alguna patología mental son violentas”, denuncia CCOO.

    El sindicato añade que la autonomía y voluntariedad en la prestación del consentimiento informado por parte de los internos no es la misma que la de las personas en libertad, ya que las personas privadas de libertad mantienen una relación de especial sujeción con la Administración Penitenciaria y, en función de las circunstancias, la Administración está legitimada para aplicar y graduar el mayor o menor uso de medidas coercitivas sobre su persona. Además, hay reclusos especialmente vulnerables, como los condenados a penas de larga duración por delitos violentos, que participarían en “cualquier experimento” con tal de salir un rato del módulo a charlar con alguien ajeno a la Institución, o buscando beneficios penitenciarios y el acortamiento del tiempo en prisión.

    “Por estos motivos”, añade CCOO, “la información, el control y la transparencia de cualquier investigación o programa que se realiza en prisión son fundamentales para garantizar el respeto a la dignidad de los internos y el cumplimiento de los derechos humanos en la ejecución de condenas”.

    El sindicato denuncia “el silencio y el oscurantismo con el que han podido llevarse estas prácticas, ya que no nos consta que la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, los equipos técnicos de profesionales de las dos prisiones o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, tuviesen conocimiento de estos experimentos. Pedimos el acceso a la información sobre la constitución de la Comisión Ética que pudo aprobar la investigación científica, sus miembros integrantes y las actas con la documentación científica y legal que existen sobre esta investigación”.

    CCOO recuerda que el personal penitenciario es uno de los pocos colectivos públicos que tiene su propio Código deontológico, elaborado el 21 de febrero de 2011, siguiendo las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (2006). “De haberse realizado estas prácticas, estaríamos ante una vulneración de los principios y normas éticas establecidas en nuestro código ético profesional”.

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