FSC-CCOO Madrid | 23 de abril de 2024

Servicios sociales y PSH en tiempos de Coronavirus

    La crisis del coronavirus ha sacado a relucir muchas de las vergüenzas ocultas del sistema. La más evidente, la falacia de eso que llaman colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos. Estamos sufriendo las consecuencias de años de recortes y privatización de la sanidad, no siendo casualidad que las mayores dificultades se centren en la Comunidad de Madrid y en Catalunya, tras décadas de gobiernos derechistas.

    28/04/2020.
    Fachda del Aerea de Servicios Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid

    Fachda del Aerea de Servicios Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid

    El escándalo de las residencias geriátricas ha puesto blanco sobre negro las consecuencias de dejar a los colectivos más vulnerables en las garras de fondos buitre. Descontrol absoluto, falta de medios materiales, escasez crónica de personal y salvaje explotación laboral que ahora les ha explotado en la cara a los responsables políticos y empresariales de su gestión. Aunque como siempre, los muertos los ponemos nosotros. Un crimen atroz por el que deberán ser juzgados.

    Por desgracia, la situación en el resto de recursos sociales y sociosanitarios es la misma. El descontrol, La falta de personal y de medios es la tónica general en unos servicios sociales completamente privatizados. En todos los servicios se repite lo mismo: plantillas enfrentándose a la pandemia a pecho descubierto. A día de hoy no sólo seguimos en la mayoría de los centros sin EPIs, sino que tampoco se cumplen las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad en relación a los servicios sociales. Por otro lado, los servicios de prevención de las empresas o bien están desaparecidos o tienen un papel testimonial meramente formal o bien se están dedicando a sembrar la confusión entre las plantillas.

    Para las entidades del Tercer Sector la prevención de riesgos laborales no era más que una molestia o un gasto inútil, por lo que generalmente se limitaba al paripé burocrático. La prevención de riesgos laborales no consiste en salir corriendo a buscar EPIs cuando ya existe el riesgo. Se trata de tener previstos los posibles riesgos y estar preparados para afrontarlos antes de que surjan. Se podría haber afrontado la pandemia de otra manera.

    Por ejemplo, en atención a personas sin hogar no tenemos mascarillas fpp2 (las mascarillas quirúrgicas no son EPIs porque no protegen al portador). No teníamos coronavirus pero sí casos de tuberculosis, por lo que llevamos años pidiéndolas. Si las empresas que gestionan los centros hubieran cumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los centros contarían con un stock de mascarillas fpp2, pero en realidad en muchos casos ¡no había ni mascarillas quirúrgicas! Lo mismo ocurre con el resto de EPIs (guantes de nitrilo, batas impermeables, protección ocular).

    La misma situación se produce en las residencias de mayores o en el Servicio de Ayuda a Domicilio; ¿cómo es posible que lleven años denunciando la falta de guantes y mascarillas adecuadas? Atienden a personas vulnerables ante la gripe, enfermedad que cada año mata a miles de personas en el estado español. Esta falta de materiales también se denuncia desde la atención a la diversidad

    funcional. En el sector, es tradición el incumplimiento generalizado de la ley de prevención de riesgos laborales, con la complicidad de las distintas administraciones públicas de las que dependen los servicios.

    En la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid la situación se repite. El caos y la desinformación son absolutos. Órdenes contradictorias desde los responsables municipales, en una continua improvisación. Llevando a cabo actuaciones que contradicen lo ordenado por el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, se ordenó la apertura de nuevos recursos para rebajar el número de personas usuarias por centro y permitir el distanciamiento social, pero los centros han aumentado el número de plazas, agravando el crónico hacinamiento en los centros. El refuerzo de los centros con personal sanitario se improvisa, incluso con voluntarios, o se realiza ante la denuncia en los medios, eso sí, desoyendo las entidades la solicitud de éstos sobre medios de protección adecuados. A día de hoy no se ha realizado test ni para la plantilla ni para los residentes, por supuesto.

    A pesar de la campaña de propaganda en torno a la apertura de 300 plazas en IFEMA y en un polideportivo, muchas personas siguen en la calle por falta de plazas (algunas están siendo multadas por la policía por estar en la calle). Desde el Ayuntamiento se está argumentando que se debe al "efecto llamada", intentando explicar la falta de plazas porque cientos de personas sin hogar han peregrinado hasta el IFEMA desde otras provincias en pleno confinamiento. La realidad es que la red de atención a personas sin hogar ya estaba saturada y obsoleta mucho antes del coronavirus, situación que, por ejemplo, llevó a la huelga a la plantilla del Samur Social el otoño pasado. Por otro lado, en estos recursos abiertos ad hoc, la situación es exactamente la misma que en los demás centros (falta de EPIs, etc.). Y en un momento en el que la mejor garantía para la salud es el distanciamiento físico, con tantos hoteles y hostales forzosamente vacíos, ¿la solución es hacinar a cientos de personas en un espacio cerrado? ¿No será que la solución no tiene como objetivo principal salvaguardar la salud de las personas sin hogar? Cuando pase el estado de alarma y dejen de ser vistas como focos de contagio para los demás, ¿cerrarán estos recursos y volverán a ser abandonados en la calle por falta de plazas?

    La situación en el centro de acogida Juan Luis Vives es especialmente preocupante. El Ayuntamiento determinó que en este centro fueran aisladas las personas sin hogar contagiadas, sin evacuar al resto de residentes ni tener medios para garantizar un adecuado aislamiento, e incluso obligando a la plantilla a atender a personas contagiadas sin tener EPIs (que siguen sin tener). La enfermedad ya se ha extendido entre la plantilla y el resto de residentes, mientras Grupo 5 (gestora del centro) se dedica a presionar y amedrentar a la plantilla. El descontrol y la falta de pautas es tal que ha tenido que intervenir la policía. En el centro de Geranios el virus también se está propagando por las propias condiciones del centro, sin ventilación natural y por las constantes aglomeraciones -entre otras razones-, la plantilla exigió mascarillas quirúrgicas para los usuarios -para minorar contagios- y ffp2 para sus profesionales, pero no se reparten.

    Los sindicatos están denunciando públicamente y en inspección de trabajo la realidad que estamos viviendo. Incluso la prensa se ha hecho eco. Pero no hay reacción. Responsabilizamos de lo que pueda pasar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a las empresas gestoras de los recursos de la red psh, entre otras, Accem (vinculada a la Iglesia) y Grupo 5 (gestionado por Corpfin, un fondo buitre).

    Las empresas del sector social y sociosanitario han demostrado su absoluta incapacidad de hacer frente a la crisis del coronavirus, anteponiendo sus beneficios a la salud de las plantillas y las personas atendidas. Unas patronales que han mantenido a las y los trabajadores de servicios sociales externalizados en la más absoluta precariedad, despreciando su profesionalidad. En Intervención Social las patronales rompieron en enero la negociación del segundo convenio, negándose a aceptar ninguna de las premisas sindicales. Una de las propuestas era el plus por atención directa, como reconocimiento y compensación por el desgaste de quien está en primera línea.

    La pandemia ha puesto en evidencia que años de recortes y privatización de lo público ha conducido al desastre que estamos sufriendo, nosotras y las personas a las que atendemos. Seguiremos exigiendo que se dote a las plantillas de los EPIs suficientes y adecuados al nivel de exposición. Dotar de mascarillas quirúrgicas a nuestras usuarias y usuarios cuando no se mantenga la distancia social. Realización de tests de diagnóstico en los centros única forma de detección real para protegernos y proteger a nuestra población.

    Nosotras exigimos, como siempre lo hemos hecho, unos servicios sociales totalmente públicos y de calidad que sitúen a las personas en el centro. La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales NO DEBEN SER UN NEGOCIO y esta pandemia tristemente lo está demostrando.

     

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