FSC-CCOO Madrid | 24 de abril de 2024

La mentira del dinero digital

    La digitalización del sistema económico es imparable. El efectivo, sin embargo, sigue siendo el único dinero legal, el más seguro y el más usado por la población europea para los pagos cotidianos.

    29/09/2020.
    Imprenta de Billetes, IMBISA

    Imprenta de Billetes, IMBISA

    El efectivo es el único sistema de pago que no se lucra con los datos personales de quienes hacen las transacciones y que está accesible para todas las personas de cualquier edad y condición sin necesidad de una conexión a internet o a la red eléctrica, ni de tener vínculo con una entidad bancaria, ni de cumplir requisitos o pagar una cuota por su uso, ni de disponer de otros dispositivos electrónicos que actúen de intermediarios.

    El próximo mes de noviembre el BCE publicará los resultados del último estudio sobre las actitudes de pago de los consumidores en la zona euro en 2020 que revelará en qué sentido y cuánto se han modificado las preferencias de una población que en 2019 realizaba el 73% de los pagos minoristas en efectivo.

    La tendencia a los pagos digitales ya estaba presente, sin duda, pero la COVID ha servido para impulsarla. La limitación de la movilidad ha impedido el uso de efectivo ya que no había prácticamente dónde ir a gastarlo, y ha afectado también al patrón de consumo de los hogares no solo con respecto al crecimiento del pago en línea, sino también en lo relativo al canal de distribución de los bienes adquiridos mediante la entrega a domicilio.

    Sin embargo, una vez recuperada la movilidad, la recuperación del uso de efectivo en la “nueva normalidad” está siendo más lenta de lo esperable. Cabe mencionar aquí que sigue vigente la recomendación del Gobierno de España incluida en el “Plan para la transición a una nueva normalidad”, publicado en las órdenes del Ministerio de Sanidad SND/2020/366, de 9 de mayo, y SND/458/2020, de 30 de mayo, de evitar el uso de dinero efectivo en las compras y del fomento del pago con tarjetas u otros medios electrónicos, a pesar de que la evidencia científica ha demostrado que la permanencia del virus en la superficie porosa de algodón 100% de los billetes es mucho menos duradera que en otros materiales, como el plástico o el metal que nos rodean en abundancia, y de que no hay evidencias de contagios por transmisión del virus vía billetes o monedas.

    El crecimiento de los pagos digitales es una realidad, así como la voluntad a seguirlos haciendo con mayor frecuencia por los consumidores, pero también es cierto que es un crecimiento inducido. El mercado global de los sistemas de pagos está dominado por las multinacionales tecnológicas que son quienes impulsan la transformación digital de los pagos, ante la neutralidad-pasividad de instituciones públicas como el BCE, que reconoce la posición de desventaja de Europa en dicho mercado y que se ha propuesto no solo enmendarlo, sino ponerse en la vanguardia de las innovaciones, contemplando la creación de un euro digital accesible masivamente para pagos minoristas como forma de gestionar los riesgos en la transición a lo digital.

    Las medidas para fortalecer el sistema de pagos europeo son necesarias, que eviten los riesgos del mercadeo con datos personales y protejan la soberanía monetaria frente a la privatización del dinero que supone la extensión de monedas digitales privadas sin respaldo en monedas soberanas (véase Libra de Facebook). En esta línea el Gobierno de España se ha adherido recientemente a la petición de varios países europeos ante la Comisión Europea de un blindaje legislativo de la eurozona por la estabilidad del sistema financiero, la soberanía monetaria y la protección de los consumidores, frente a los riesgos jurídicos, reglamentarios y de supervisión que presentan las criptomonedas, con especial atención a medidas que impidan la financiación de actividades terroristas o el blanqueo de capitales.

    Sin embargo, estas estrategias ponen el foco en el sostenimiento del propio sistema y si tienen en cuenta los derechos de las personas es en la medida en la que son consumidores. Pero ¿qué pasa con las verdaderas necesidades de la población europea, como seres humanos con derechos? Los gobiernos y autoridades europeas no pueden permanecer indiferentes frente al impacto del “capitalismo de los datos”, dejando a la ciudadanía desprotegida ante una evolución del modelo capitalista en el que las personas, sus gustos, hábitos y comportamientos, son objeto de explotación por unas pocas multinacionales.

    ¿Cuál es la estrategia del BCE con respecto a billetes y monedas? No basta con decir que el euro digital sería un complemento al efectivo, manteniendo la actitud falsamente neutral que elude la responsabilidad sobre la evolución del efectivo, justificándose en que son las preferencias de los individuos las que lo determinan. ¿Va a seguir provocando la competencia entre las imprentas públicas, eliminando empleo, presionando a la baja condiciones de trabajo, degradando la profesionalidad, hasta el agotamiento? ¿Quién gana y quién pierde en esa estrategia?

    Mientras llega ese futuro totalmente digital que se está dibujando, garantizar la disponibilidad de medios de pago seguros para todo tipo de transacciones y para toda la población en un contexto de crisis como el que vivimos es fundamental para el funcionamiento de la economía, y en ese cometido las imprentas públicas de billetes europeas están desempeñando una labor esencial para mantener la disponibilidad necesaria de efectivo en el Eurosistema a pesar de las condiciones que impone la pandemia.

    Apostar por una “nueva normalidad” en la que desaparezca el efectivo, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista en una reciente proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis (Boletín Oficial de las Cortes Generales Serie D: General, del 24 de abril de 2020, Proposición no de ley 162/000243), supone apostar por un retroceso de los derechos y libertades de la población, en perjuicio especialmente de los sectores más vulnerables y con más dificultades para acceder a servicios bancarios o a medios tecnológicos. El dinero efectivo lleva mucho tiempo conviviendo con otras fórmulas de pago y esa situación de convivencia, con garantía de acceso, seguridad y libre opción para la ciudadanía, es la mejor a la que podemos aspirar al menos en los próximos años.

    Exigimos que el BCE haga pública su estrategia sobre billetes y que el Banco de España mantenga su compromiso con el proyecto de imprenta pública de billetes, favoreciendo la transición a las nuevas instalaciones con inversión en puestos de trabajo estables, especialización profesional y desarrollo de áreas estratégicas, como la I+D+i.

    La COVID19 no puede servirle de excusa al gobierno para favorecer unos medios de pago sobre otros, favoreciendo a multinacionales que representan los intereses de quienes pretenden que las vulnerabilidades del sistema que quedan al descubierto se corrijan en su particular beneficio a costa de la clase trabajadora.

    Exigimos la derogación de la recomendación de evitar el efectivo. El gobierno tiene la responsabilidad de diseñar políticas económicas que reduzcan la desigualdad e impidan la exclusión social y, en el concreto asunto del efectivo, no confundir a la población. Así mismo exigimos la gestión pública de los datos y neutralidad para la ciudadanía, de forma que no quede supeditada a un capitalismo de tráfico salvaje de datos y comportamientos, tal como ahora es el que utilizan las multinacionales.

    IMBISA, como proyecto de imprenta pública de billetes española, debe seguir adelante con el compromiso del gobierno y del Banco de España de seguir potenciando e invirtiendo en una actividad del Sector Público de indudable carácter estratégico para el Estado y la sociedad.

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