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Lo vuestro puede esperar

  • Artículo publicado en El Confidencial de Carlos Martín Urriza (Director del Gabinete Económico de CCOO) y Carlos Gutiérrez Calderón (secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO.

Al final, sucedió. Una parte del Gobierno impidió que los perceptores del salario mínimo inicien 2021 con una subida que les permita combatir la pérdida de poder de compra provocada por el precio disparado de los alimentos (2,6%). Ni siquiera se aceptó el modesto e insuficiente aumento del 0,9% propuesto por el Ministerio de Trabajo, que tiene un coste para las empresas de 240 millones de euros. Por el contrario, todos los países europeos con un salario mínimo estatutario lo subirán en 2021, precisamente, para promover la recuperación económica. 

14/01/2021.

Las familias perceptoras del SMI despedirán el fatídico 2020 apretándose aún más el cinturón por la cicatería de un Gobierno que, en cambio, gastará 27.000 millones extra en los presupuestos procedentes del fondo Next Generation de la Unión Europea, subirá un 0,9% las pensiones (1,8% las pensiones mínimas) y el sueldo de los empleados públicos, compensará a los grandes propietarios de viviendas por los desahucios, dotará un fondo de 2.550 millones para rescatar empresas en concurso, recapitalizará las grandes corporaciones con 10.000 millones y ampliará el plazo de concesión y devolución de los créditos avalados por el Estado, que ya suman 84.000 millones. Sobre estos, además, pesa la sospecha de que la banca los está empleando para traspasar al contribuyente sus créditos fallidos con empresas zombi, aprovechando la falta de controles del Ministerio de Economía.

Las negociaciones para subir el SMI encallan: la patronal rechaza la subida y los sindicatos presionan

Los perceptores del salario mínimo tendrán que esperar a ver si escampa a lo largo de 2021 y las empresas pueden asumir una subida del SMI, que parece ser el lastre que imposibilitaría la recuperación de la economía española, cuando es todo lo contrario. Todos los países europeos con un salario mínimo estatutario lo subirán en 2021, precisamente, para promover la recuperación económica y disuadir el elevado ahorro de los hogares por miedo al futuro. Aquí, ese ahorro es incluso más alto porque las familias conocen los efectos de una regulación laboral diseñada por las reformas de 2010 y 2012 para cargar el grueso de las crisis sobre sus espaldas. El Gobierno portugués aporta un planteamiento interesante que el Gobierno de España debería tomar en consideración para desbloquear la revisión del SMI en la mesa de negociación que se mantiene abierta con los interlocutores sociales. Portugal absorberá la subida del 4,7% de su salario mínimo con una rebaja temporal de las cotizaciones a las empresas más afectadas financiándola con fondos europeos.

 

También tendrán que esperar los hogares y las familias vulnerables a tener una regulación que verdaderamente les proteja de los desahucios, pues la aprobada recientemente reafirma los derechos de los propietarios. Así, la paralización de un desahucio solo es posible hasta mayo de 2021 siempre que el propietario tenga ¡más de 10 viviendas! y con compensaciones para este si el impago dura más de tres meses. En contraste, el Gobierno ha aprobado una regulación para proteger a las empresas hosteleras que arriendan un local comercial que ya quisieran para sí las familias. En este caso, los pequeños arrendadores sí pueden deducirse el 100% del alquiler que rebajen y los grandes están obligados a recortarlo un 50% sin compensación. Las rebajas, además, pueden extenderse hasta septiembre.

 

Asimismo, tendrán que esperar los hogares y las familias vulnerables para cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), no se sabe hasta cuándo. Solo ha llegado a 160.000 hogares de los 850.000 anunciados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, constituyendo el principal agujero del escudo de protección social desplegado contra la pandemia. La demora se explica por un diseño que en realidad tuvo como fin orillar la prestación de ingresos mínimos de CCOO y UGT respaldada por 700.000 firmas y que, a diferencia del IMV, no invade competencias autonómicas. Su defectuoso diseño está incluso fomentando la desprotección y, por ejemplo, Ayuso lo está aprovechando para retirar la renta mínima de inserción madrileña a los beneficiarios que no solicitan el IMV. A este respecto, es también paradójico ver cómo el Gobierno ha aliviado de requisitos administrativos los fondos europeos que recibirán las empresas, mientras que el IMV se cargaba de todo tipo de trámites y condiciones, no fuera a ser que alguna familia recibiera más de lo que le correspondía de su magra cuantía.

Las personas y las familias lo tienen crudo en España si las circunstancias les llevan a una situación de vulnerabilidad, pues solo las empresas parecen merecer el apoyo público para superar las dificultades. Por mucho que el presidente del Gobierno repita que sus políticas ayudan a los que se están quedando atrás, lo cierto es que el mensaje que corroboran los hechos para muchas personas y familias vulnerables es 'lo vuestro puede esperar'.