FSC-CCOO Madrid | 29 de marzo de 2024

CCOO no participará en las movilizaciones que se están convocando en rechazo de las modificaciones de la ‘Ley mordaza’

    CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía.

    19/11/2021.
    No a la ley mordaza

    No a la ley mordaza

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, de la que forma parte el conjunto de las Policías de todos los cuerpos autonómicos y locales afiliados a CCOO, fue crítica con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana aprobada en 2015, porque supuso la limitación del ejercicio de las libertades, en especial las relacionadas con el derecho de manifestación.

    Esta Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su preámbulo dice:

    “La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”.

    Y tal y como define el artículo 3 de dicha norma:

    “Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación: a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico”.

    Partiendo de esta afirmación, lo que la ley contiene debe orientarse en esa dirección: es una norma para defensa de derechos y libertades de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, y, en ningún momento, se plantea que esta ley sea “la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, porque ni regula sus derechos ni las condiciones laborales de las Policías.

    Por el contrario, con ella se ampliaron las cantidades de las sanciones administrativas por infracciones, es decir, no delitos, de forma generalizada. Se estableció la posibilidad de retener hasta 6 horas a personas para proceder a tramitar la sanción administrativa, entre otras medidas.

    Los cambios que se han anunciado, cuyo texto aún no conocemos, van en la dirección de limitar el tiempo de retención a 2 horas, rebajar las sanciones económicas y hacerlas proporcionales a la capacidad económica de la persona y no sancionar concentraciones o marchas sin la comunicación previa a las delegaciones de Gobierno.

    Para CCOO, ningún cambio en la legislación puede debilitar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública, es decir de las Policías.

    La responsabilidad de la protección de la seguridad ciudadana no recae exclusivamente en las Policías y la gestión de las fuerzas de seguridad. Deberá acompañarse de otras políticas de Estado, como las económicas y laborales, los servicios sociales, la educación, la comunicación pública o la protección civil, entre otros.

    Para CCOO, el verdadero problema de las Policías es la falta de medios materiales y humanos para atender los retos de prevención y persecución de los delitos actuales, como los digitales, la violencia machista, la trata de personas, delitos de odio, los robos y hurtos en mayor o menor escala, los problemas de seguridad vial y un largo etcétera.

    Para ello, necesitamos más formación especializada, una carrera profesional incentivada y real, condiciones laborales adecuadas en salario y calendario de trabajo ajustado a cómputos anuales, creación de unidades especializadas y dotadas con medios, mayor coordinación y colaboración entre los cuerpos, actuaciones de Policía Judicial de todos los cuerpos, incluidos los de Policía Local.

    Por todo ello, emplazamos al Gobierno y al Ministerio del Interior a iniciar de forma urgente una mesa de diálogo social sobre las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, para abordar los aspectos laborales y profesionales, como la seguridad y salud, entre otros. Igualmente, esta mesa debe tratar el conjunto de temas pendientes y el desarrollo de los cuerpos de Policía, su modernización y dotación de medios, ajustando todo ello en un nuevo marco normativo en coherencia con la realidad social.

    Para CCOO, es fundamental que la regulación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere impulsar amplíe y ensanche esa capacidad de ejercicio de derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como corresponde a una sociedad democrática, a un Estado de Derecho como el nuestro, desde la garantía de que todas y todos, ciudadanía y profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, podamos hacerlo en un marco de seguridad jurídica.

    CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía.