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Las mujeres trabajadoras necesitamos leyes feministas que impugnen el patriarcado

    Articulo de opinion de Maria Antonia Araque, Secretaria general de la seccion sindical de IMBISA, del sector de papel, graficas y fotografia, sobre de la consulta publica previa a la elaboracion de un proyecto normativo sobre un proyecto de ley para la igualdad plena y efectiva de las personas Trans.

    16/11/2020. María Antonia Araque. Secretaria General de la Sección Sindical de IMBISA
    Campaña del metro de Nueva York para demostrar las desigualdades entre hombres y mujeres

    Campaña del metro de Nueva York para demostrar las desigualdades entre hombres y mujeres

    Proteger y garantizar la “Identidad de género” y “autodeterminación del sexo” son los conceptos alrededor de los que giran varios proyectos de leyes que se anuncian desde el gobierno como forma de dar cumplimiento a las reivindicaciones de reconocimiento de la diversidad sexual y de género que vienen reclamando individualidades, colectivos y asociaciones LGTBI. Si resulta necesario adoptar una posición política al respecto, se hace obligatorio un análisis profundo del fenómeno en toda su amplitud dotándonos de claves interpretativas: qué reclama concretamente y qué repercusiones tiene en el conjunto de la sociedad, en particular, cómo afecta a los derechos de las mujeres y a la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres el hecho de que “sexo” y “género” se conviertan en conceptos equivalentes e intercambiables a nivel jurídico en base a una mera declaración de la persona.

    Pero ¿qué es el género?, ¿es constatable, es posible elegirlo?, ¿es acaso cierto que el sexo es una construcción social y que se nos asigna cuando nacemos?, ¿qué utilidad tiene esa conceptualización para el conjunto de la sociedad?, ¿no es llamativo el interés demostrado por los medios de comunicación y su uso publicitario?, ¿qué derechos concretos se quieren garantizar y para quién?, ¿son estas fórmulas legislativas la mejor forma de proteger a las personas? Estamos ante un fenómeno de gran complejidad que se presenta como lucha por los derechos de las “personas trans” pero que confluye con postulados posmodernos que son clave en la agenda cultural neoliberal. Una agenda que persigue la desaparición de los sujetos y la desarticulación de sus luchas operando mediante la desposesión y la mercantilización de la vida, hasta convertir los cuerpos en artículos de consumo a través del mercado de las identidades sin modificar ni un ápice la jerarquía sexual que sustenta al patriarcado.

    Éste es un debate que no está llegando al conjunto de la sociedad con toda la amplitud y transparencia necesarias. La mayoría de la población es ajena a la problemática y no tiene las claves para descifrar el neolenguaje que se pretende implantar, y que elimina las diferencias sexuales utilizando vocablos neutros al sexo como “cuerpos” o “personas”. Se está produciendo un cambio de paradigma en el que la idea de “diferencia sexual” se sustituye por la de “identidad sexual”, de manera que hombre y mujer son dos opciones más de entre todo el espectro de diversidades equivalentes que existen. Y no es problemático el hecho de que haya unas cuantas personas que creen sus géneros dependiendo de variables individuales, pero sí lo es que esto se pretenda hacer con la intención de que las mujeres renunciemos a nuestra identidad social, cedamos nuestros espacios específicos duramente conquistados y aceptemos que el lenguaje nos borre del ordenamiento jurídico (personas trabajadoras, personas gestantes, personas que sufren violencia de género…). En consecuencia, es fácil inferir que cambiar la noción de “sexo” por la de “género” en las leyes tendrá un efecto disolvente sobre las políticas que pretenden eliminar las desigualdades que siguen existiendo entre mujeres y hombres, es decir, por razón de sexo.

    Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se ha puesto de relieve el impacto desproporcionado que está teniendo en mujeres y niñas. La ONU acaba de adoptar la resolución “Mujeres, niñas y COVID” presentada por España sobre la necesidad de promover y proteger los derechos y la participación de las mujeres en la respuesta política a la pandemia. La acción política del gobierno de España debe ser coherente con estos objetivos. Los sectores más feminizados están siendo los más expuestos a los contagios, y la precariedad laboral de estos empleos se ha puesto en evidencia sobradamente, el teletrabajo ha recluido a las mujeres de nuevo en casa donde aún no existe corresponsabilidad en las tareas domésticas y de crianza, y en muchos casos ni siquiera hay con quién compartirlas al tratarse de madres solas, la violencia machista se ha disparado, se ha dificultado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, los empleos irregulares han desaparecido y con ellos los ingresos que recibían las en su mayoría mujeres que los realizaban por no tener otra oportunidad de empleo, las ayudas específicas dirigidas a paliar estas dificultades no están llegando a las mujeres (ni a las empleadas de hogar, ni a las mujeres en situación de prostitución…) y está siendo un gran obstáculo tanto la brecha digital como el colapso de una administración que ha sido debilitada por las políticas de los sucesivos gobiernos conservadores. Todo ello viene a empeorar la situación de las mujeres, aumentando la desigualdad que padecen y su exclusión social.

    La complejidad del momento social y político que vivimos hace necesario revisar con perspectiva de clase y feminista cuáles son las políticas más adecuadas para contener la involución social en derechos y libertades. Las leyes que se proyecten deben mantener la capacidad de avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, proteger los derechos de la infancia y de las personas dependientes, así como también garantizar los medios necesarios para que las minorías discriminadas puedan llevar vidas dignas en las que poder expresar sus sentimientos y vivir de acuerdo a su orientación y expresión sexual con total libertad y sin sufrir ninguna discriminación por ello. Sin embargo, las leyes anunciadas por el gobierno no parecen ir en esta dirección, ya que quedarse en la libre elección del sexo por la mera manifestación del individuo en función de estereotipos profundamente sexistas mantiene intacta la jerarquía sexual y no contribuye a eliminar las barreras y encorsetamientos que dichos estereotipos imponen a hombres y mujeres en su libre desarrollo personal. La aplicación universal de algo que es una excepción minoritaria plantea graves conflictos en la lucha por la igualdad de trato y oportunidades de la mitad de la población mundial que somos las mujeres.

    Desde el feminismo se quieren leyes que impugnen el patriarcado en toda su complejidad como sistema de dominación política y económica. Las reclamaciones que se centran en el reconocimiento de la identidad sexual o de género no son suficiente para impugnarlo en su totalidad ya que generan discursos coincidentes con la agenda neoliberal. Puede haber coincidencias con las reclamaciones de las identidades sexuales, pero las vindicaciones del feminismo no pueden disolverse en ellas, ya que las condiciones materiales de vida de las mujeres y el papel de subordinación que el neoliberalismo nos reserva hacen más necesario que nunca un sujeto fuerte y cohesionado con objetivos políticos comunes. Defender que se deconstruya hoy el sujeto “mujeres” solo le puede venir bien a los intereses del patriarcado.