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    TABLA DE COOKIES UTILIZADAS
    CookieDuraciónTipoPropósitoIntrusividad
    PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_* Sesión Imprescindibles Mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web 1
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Denunciamos que el Gobierno oculta los sueldos del personal de alto nivel de la Administración General del Estado

    Conceptos como productividad y gratificaciones suponen más de 1.370 millones de euros, y llegan a alcanzar cuantías cercanas a los 50.000 euros para el personal asesor, 15.000 menos si se trata de una mujer.

    27/11/2020.
    Los funcionarios y funcionarias tendrán medidas especiales de protección frente al coronavirus

    Los funcionarios y funcionarias tendrán medidas especiales de protección frente al coronavirus

    Denunciamos que la distribución de productividades y gratificaciones en la Administración General del Estado (AGE) se realiza sin criterios objetivos y sin transparencia, ocultando las cuantías percibidas por el personal de alto nivel. Apunta a estas retribuciones como elemento de desigualdad, que genera una abismal brecha salarial.

    “A diferencia del salario base y los complementos de destino y específicos, las productividades son retribuciones discrecionales, no hay una regulación de los criterios para su distribución a pesar de que la legislación establece que estos conceptos se deben asignar de forma objetiva, atendiendo al especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o la iniciativa”, señala José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General Estado de FSC-CCOO.

    El sindicato alerta de que una parte de esas cuantías se distribuye atendiendo a acuerdos de productividad, pero estos no existen en todos los organismos ni abarcan el volumen total de estos conceptos presupuestarios. “Según la poca información que se puede conseguir de los ministerios, las mayores cuantías se asignan al personal de niveles altos, del 28 al 30, que ya cuenta con un salario considerablemente alto para retribuir las responsabilidades derivadas del puesto”.

    Como recoge el informe elaborado por CCOO, para el personal de libre designación estas retribuciones pueden suponer de un 100 a un 220 % de su salario base, entre 11.000 y 35.000 euros anuales. Unas cantidades que consideran desorbitadas, ya que no responden a criterios objetivos, y que multiplican hasta por 10 las asignadas al personal que accede a esos puestos mediante concursos de méritos.

    “En la práctica, además, se produce una brecha salarial absolutamente inaceptable, que se esconde por parte de los sucesivos gobiernos en que las retribuciones recogidas en las leyes de presupuestos generales del Estado son idénticas. La diferencia de productividad entre un asesor hombre y una asesora mujer supera los 15.000 euros anuales; si tenemos en cuenta que dos terceras partes de estos puestos los ocupan hombres, la desigualdad salarial es abismal”, insiste Vera.

    Por otro lado, denunciamos que los ministerios ocultan la información sobre estos complementos retributivos, y considera que es imprescindible la disposición pública de estos datos, de manera que se puedan realizar análisis reales de la brecha salarial y se puedan aplicar medidas efectivas para corregirla.

    El sindicato denuncia que, si bien cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitar esta información al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se trata de un proceso que supera el año de demora y que muchos ministerios incumplen argumentando que supone demasiado trabajo recopilar esa información. “Esto a pesar de adecuarse a las normativas sobre protección de datos y transparencia, y de la estimación positiva del Consejo. La única opción es acudir a los tribunales, y esperar la resolución y el posterior recurso de la propia Administración”.

    La ausencia de respuesta a las consultas y los procesos judiciales para su demora no son nuevos, aunque han aumentado en los dos últimos años. “Resulta inadmisible que un Gobierno progresista no impulse la transparencia, dotando al Consejo de normativa y herramientas para exigir su cumplimiento a los ministerios y organismos”, concluye Vera.