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La falta de atención a la salud mental supone una doble condena en las prisiones españolas

    Exigimos al Ministerio del Interior que desarrolle las medidas de salud necesarias para paliar la prevalencia de padecer trastorno mental en la población reclusa, que afecta al 46 % de internas e internos según un estudio en el medio penitenciario publicado por el departamento que dirige Grande-Marlaska.

    14/10/2021.
    Prisiones

    Prisiones

    Alertamos de que las patologías de la salud mental son uno de los problemas más graves de las prisiones en España. Así se desprende del informe publicado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según el cual el 46 % de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, con un notable aumento de casos en los últimos tres años. Además, lamenta la falta de atención al preocupante incremento de los suicidios.

    El sindicato recuerda que el 10 de octubre ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, un problema que crece de forma alarmante tras la pandemia y que necesita de compromisos políticos y sociales para su abordaje. En las prisiones se ha registrado un incremento de 25.000 ingresos por patologías relacionadas con la salud mental en los últimos tres años. Un aumento que también se produce en los suicidios, que ascendieron a 43 en 2020, diez más que el año anterior, y muy por encima de los 23 contabilizados en 2015, cuando la población reclusa era notablemente mayor.

    El incremento de la enfermedad mental en las prisiones es directamente proporcional a la disminución de respuestas sociales y políticas a las patologías de salud mental. La OMS calcula que, en las sociedades occidentales, la incidencia de alteraciones psiquiátricas es hasta siete veces mayor en la población penitenciaria que en la población general, tal y como se recoge en las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

    En las prisiones no existe una política de salud mental y llevamos 18 años esperando a que se cumpla la ley que ordena integrar la Sanidad Penitenciaria en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Los gestores penitenciarios no han habilitado ni los recursos sanitarios y asistenciales necesarios ni las políticas de intervención suficientes, problema que se agudiza cada día en mayor medida.

    Denunciamos la falta de actuaciones concretas y de compromiso de los gestores penitenciarios con el tratamiento de la salud mental en prisiones. Una evidencia de olvido que las patologías mentales tienen en prisión es la pretensión de Instituciones Penitenciarias de “reutilizar” el Centro Penitenciario de Siete Aguas en Valencia para construir un “macropsiquiátrico penitenciario”.

    El “macropsiquiátrico” de Siete Aguas es un derroche de dinero público que agravará la situación de la salud mental en prisiones, perjudicando notablemente a la población reclusa y al personal penitenciario afectado.

    Las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en este macro psiquiátrico penitenciario, van en dirección totalmente opuesta a la que marcan tanto organismos nacionales (como la Estrategia de Salud Mental SNS, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, APHDA, AEN, Sociedad Española de Psiquiatría Legal, o la Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana) como internacionales (ONU, OMS y Consejo de Europa).

    Pero, además, la construcción del macro psiquiátrico va en contra de los criterios aprobados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que desde hace décadas reclaman que se creen “unidades de psiquiátrica penitenciaria” en los centros penitenciarios, más eficientes, más económicas y que respetarían los derechos humanos de la población interna con enfermedad mental, al permitir una mayor cercanía de los recursos comunitarios y ser respetuosas con el arraigo familiar.

    Actualmente los recursos psiquiátricos existentes en las prisiones del Ministerio del Interior, son los Hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, que se crearon en 1984 y 1990 respectivamente, y que la Secretaría General de IIPP se ha dedicado a desmantelar, amortizando casi la mitad de los puestos de personal auxiliar de enfermería, personal celador y personal de limpieza, y manteniendo un déficit estructural del 20 % de puestos vacantes. Desde los años 90 no se han actualizado las relaciones de puestos de trabajo.

    El déficit de médicos y médicas en las prisiones es crónico. Se convocan todos los años ofertas de empleo público de 40 plazas y prácticamente su totalidad quedan desiertas, principalmente por el agravio retributivo que existe respecto al personal médico del sistema nacional de salud. Diferencias salariales que van desde los 1.000 euros hasta los 1.500 en el caso de los psiquiatras.

    Para este sindicato, malgastar el dinero en un “macropsiquiátrico” que incumple la normativa de sanidad y la penitenciaria y las orientaciones de salud, solo puede explicarse como un intento de tapar un Plan de Amortización y Creación de centros penitenciarios que ha fracasado por no venir acompañado de las dotaciones de personal necesario, como si el ladrillo reinsertara o protegiera la salud.

    Defendemos que hay alternativas a la prisión para tratar la enfermedad mental, cumpliendo la legislación actual, como las salidas terapéuticas, el control por medios telemáticos, la clasificación en tercer grado por razones humanitarias, o el adelantamiento de la libertad condicional a las 2/3 partes de cumplimiento de la pena, vinculadas a un programa de rehabilitación psiquiátrica y a la coordinación con los recursos comunitarios.

    Estas medidas, unidas a la racionalización integral de la salud mental en prisión, con unidades especializadas en las diferentes comunidades para evitar desarraigo, dotación de psiquiatras y personal cualificado para la intervención sanitaria, son pasos para evitar que las cárceles sean manicomios encubiertos.

    Negar el derecho a la salud a las personas presas con patologías mentales representa una doble condena que, además de la estigmatización, vulnera los derechos humanos y choca directamente con la Constitución y sus derechos a la reinserción y a la salud.