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CCOO denuncia que se sigue desmantelando la sanidad penitenciaria con la puesta en marcha de consultas médicas telemáticas para la población reclusa

    La última ocurrencia de los gestores penitenciarios del Ministerio del Interior, ante su incapacidad de dar una atención sanitaria digna en prisiones, ha sido sustituir el personal médico por ordenadores, con un proyecto que denominan ‘guardias médicas telemáticas’ o ‘teleasistencia’.

    22/11/2021.
    Consultas médicas telemáticas

    Consultas médicas telemáticas

    CCOO denuncia que la Secretaría General del Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior continúa desarrollando una política sanitaria en prisiones que está dejando sin asistencia sanitaria a la población reclusa. Las condiciones laborales y la degradación laboral imperante en Instituciones Penitenciarias han dejado las prisiones sin facultativos y facultativas, y muy mermado el resto de personal sanitario que tiene una sobrecarga de trabajo de más de un 50%.

    Con el fin de evitar las salidas de urgencia al hospital de la población reclusa ha organizado un sistema de atención médica ‘online’ bajo supervisión del personal de enfermería. Un médico de prisiones se conecta de forma virtual para dar atención sanitaria a los centros penitenciarios que no tienen facultativos. El personal de enfermería se tiene que responsabilizar de las urgencias, de los ingresos y de los aislamientos, cuando no tienen la potestad de realizar exploraciones clínicas ni de diagnóstico, y se ven obligados a asumir la responsabilidad de las posibles consecuencias por el retraso o la mala praxis resultante al no poder ser evaluado el paciente presencialmente. Todo un despropósito.

    Estas actuaciones, que están previstas para la ausencia de médicos en la prisión, tienen un fin economicista: evitar la salida de la población reclusa a un hospital de la red pública. Con independencia de que el personal facultativo asignado para atender estas consultas virtuales por el sistema de guardia no ha sido seleccionado con criterios de transparencia e igualdad, lo más grave es la devaluación e incluso negligente falta de asistencia que este modelo provoca.

    Las guardias sanitarias en prisiones se realizan durante toda la vida laboral hasta la jubilación, son obligatorias y el precio de la hora de guardia está por debajo de la hora ordinaria de trabajo. Son las más baratas de toda la red asistencial pública en las comunidades autónomas (15,99 €/hora presencial y 7,27 €/h localizada). Para incentivar las guardias ‘online’ la administración las paga como si fueran de presencia física, lo que ha generado malestar entre el colectivo.

    Las primeras actuaciones con la teleasistencia sanitaria se encontraron con una red y sistemas informáticos arcaicos e inoperantes de Instituciones Penitenciarias, lo que originó que finalmente hubo que evacuar al interno al centro hospitalario, con el consiguiente retraso de todo el fallido proceso anterior.

    CCOO ha denunciado que los sistemas informáticos y la digitalización en prisiones es prácticamente inexistente o de baja calidad, y cuando la administración nos planteó destinar los fondos europeos para la recuperación de la crisis a la compra de ordenadores para altos directivos, exigimos que se invirtieran en la modernización digital de la institución.

    CCOO denuncia los graves riesgos que debe de asumir la salud de la población reclusa por falta de atención sanitaria, en una situación de custodia donde el Estado debe de garantizar todas sus necesidades vitales.

    El sindicato exige que el Ministerio del Interior cumpla la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud que obliga a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, la única forma de garantizar la salud e integridad de la población reclusa y de homogeneizar las condiciones laborales del personal sanitario en igualdad de condiciones. Denunciamos que han transcurrido 18 años incumpliendo la obligación de transferir la sanidad penitenciaria y que ha sido cuantificada por el Gobierno en 131.339.227,17 euros, mientras el Ministerio del Interior se va a gastar 150 millones en un ‘macropsiquiátrico’ en Siete Aguas que rechazan los profesionales y organismos de la salud, y que va a deteriorar aún más la asistencia sanitaria.