UGT, CSIF y CCOO advierten de que las oficinas de documentación de españoles vuelven a estar al borde del colapso debido a la incapacidad de la Dirección General de la Policía para asumir, desde su organización, el aumento de la demanda ciudadana que tradicionalmente se produce durante el período estival.
Los sindicatos exigen que se cubran los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial, que se mejoren sus condiciones laborales y se les dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el servicio público con la calidad que merece la ciudadanía. “El resto no son más que irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, comentan.
Las organizaciones sindicales denuncian que, tras dos años después de haber sufrido la crisis sanitaria producida por la COVID19 -en los que se ha empobrecido la calidad del servicio público y las condiciones de trabajo de los empleados públicos y las empleadas públicas-, los responsables del organismo han continuado con una nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos humanos que abocan al colapso de las oficinas de documentación de españoles. Todo ello se está traduciendo en una progresiva pérdida de personal que ya supone que el organismo cuente con casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se encomiendan las tareas administrativas y de expedición dentro de la DGP.
Según los sindicatos, estamos ante un escenario desalentador para la ciudadanía, en la época de mayor demanda del año y con una parte de las casi 300 oficinas de expedición de documentación al límite de llegar a la situación técnica de «saturación» en el sistema de citas previas. Una situación que se agrava en Madrid, en donde más del 50% de las Comisarías ya reparten sus citas entre la primera y la segunda quincena de agosto, repercutiendo el avance de este colapso en las oficinas de documentación de la Comunidad Autónoma en las provincias aledañas.
La decisión de la Dirección General de la Policía de cubrir los puestos de expedición vacantes con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a quienes para ejercer esta labor se les detrae de tareas de seguridad ciudadana, no parece que estén dando los resultados esperados por los gestores del organismo. A este refuerzo con personal policial de carrera, se ha unido el paso de las nuevas promociones de policías en prácticas que han estado prestando servicio de manera rotatoria por estas oficinas sin que, por un lado, completen su necesaria formación policial, ni por otro sea una medida que haya contribuido a agilizar el servicio en estos centros de trabajo, a la luz de los resultados.
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras señalan que la cobertura de puestos administrativos por parte de agentes del CNP conlleva un sobrecoste de más de 140 millones de euros anuales para las cuentas públicas respecto de lo que supondría cubrir dichas plazas con personal de Cuerpos Generales de la Administración General del Estado y Personal Laboral. “De esta forma se juega con el dinero de toda la ciudadanía mientras se empobrece la calidad del empleo y el servicio público”, reseñan las centrales sindicales.
Los gestores de la DGP parecen no saber que para cubrir una situación como la que se está produciendo en las oficinas del DNI existe la figura del funcionario interino. “Eso es lo que se hubiera hecho si contásemos con un Técnico de la Administración del Estado al frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP: plantear hace meses un nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación de más trabajadores y trabajadoras a través de los distintos mecanismos de provisión de puestos de trabajo o la convocatoria de una oferta de empleo público adecuada para cubrir la enorme cantidad de vacantes existentes en nuestras dependencias.”, advierten desde CCOO, UGT y CSIF.
Esta situación se replica en determinados territorios, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Zaragoza, Navarra, y las provincias de Sevilla y Málaga, donde la mayoría de los equipos de expedición tienen las citas a 2 meses vista (fecha tope de la cita previa), solo pudiendo ser cogidas las del día en que se abre, con un rastro de colapso en el servicio que comienza a extenderse a las zonas habituales de vacaciones en la costa o el interior de todo el territorio nacional.
Otro número significativo de provincias tienen la cita previa entre 40 y 50 días, mientras que, salvo contadas provincias cuya cita está a pocos días vista, para el resto hay que esperar una media de 30 días. Situación que se estima que empeorará cuando empiece el período vacacional en la educación primaria y secundaria.
El incremento de citas por hora, la ampliación del horario de apertura de alguna de las oficinas y la posible apertura del sistema a tres meses vista, solo sirven para degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta. La ciudadanía, así como las empleadas públicas y los empleados públicos llevan más de dos años soportando una merma constante de sus derechos por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno.
Los sindicatos no consideran suficiente que el Ministerio del Interior y la DGP firmen acuerdos para no cumplirlos, como sucede con el compromiso de dichos responsables para solicitar la cobertura de puestos dentro del contexto de este creciente número de vacantes en el organismo, y que está suponiendo el deterioro del servicio público que se presta en estas oficinas. “El resto no son más que irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, destacan. “Prueba de ello es que tanto DNI como tarjetas de extranjeros son documentos de renovación cíclica y, por tanto, fácilmente encuadrables en un plan de previsión que sea capaz de absorber la demanda de la cita previa”, continúan planteando estas organizaciones sindicales.
Por último, desde CSIF, CCOO y UGT alertan de que los trámites de documentación de españoles y extranjeros que tienen encomendados en la DGP marcan la vida administrativa de la ciudadanía, siendo obligado para los ciudadanos y ciudadanas el hecho de mantener dichos documentos en vigor para realizar todo tipo de gestión de carácter público con la Administración, así como cualquier otro de carácter privado. “De continuar con la línea de gestión descrita, la ciudadanía y la plantilla pagarán las consecuencias de esta tormenta perfecta que están generando desde los mandos de la Dirección General.”, concluyen.
