FSC-CCOO Madrid | 27 de abril de 2024

El anteproyecto de Ley de Función Pública para la AGE, propuesto por el Gobierno, defrauda las expectativas del personal público.

    UGT Servicios Públicos y el sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO han calificado el documento presentado como “manifiestamente mejorable” y esperan poder avanzar en la negociación para lograr una ley que responda a las necesidades de las plantillas y de la ciudadanía.

    15/12/2022.
    Dirección General de Función Pública

    Dirección General de Función Pública

     UGT Servicios Públicos y el sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han pedido al Gobierno más audacia para sacar adelante una ley que cumpla las expectativas de empleadas y empleados públicos y de la ciudadanía. Ayer comenzó a negociarse la Ley de Función Pública, que regulará las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado.

    UGT y CCOO mantuvieron con el Ministerio de Función Pública una reunión para abordar el desarrollo de la ley, dentro del grupo de trabajo acordado entre el Gobierno, UGT y CCOO en el Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI.

    Tras quince años de retraso en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público dentro de la AGE, solo la firma de UGT y CCOO en el Acuerdo Marco y la exigencia de la apertura del grupo de trabajo, la semana pasada, han logrado que se abra el espacio de la negociación de esta ley. Ambas organizaciones celebran que, por fin, un equipo ministerial a cargo de la Función Pública ponga en valor la necesidad de sacar adelante la ley más importante y esencial de la AGE.

    En esta primera reunión se ha presentado un borrador del texto articulado íntegro que, tras un primer análisis y debate del contenido, ambos sindicatos coinciden en calificar como “manifiestamente mejorable”. UGT y CCOO consideran que el texto propuesto incide en una perspectiva unilateral, la de la Administración, a la hora de gestionar los recursos humanos, y omite muchas de las expectativas tangibles y concretas, sobre las condiciones de trabajo, exigidas por las y los empleados públicos de la AGE.

    Ambas organizaciones sindicales han adelantado que, sin duda, rechazarían el texto propuesto si fuera el definitivo. Sin embargo, añaden que lo toman como un primer borrador que tendrá cambios importantes en el proceso de negociación. Esta revisión inicial revela la necesidad de un trabajo profundo de diálogo social y negociación colectiva, fundamentalmente en aspectos tan esenciales como la carrera profesional, retribuciones, planificación de los recursos humanos, la movilidad, igualdad o el complemento retributivo vinculado a la evaluación del desempeño.

    CCOO y UGT han adelantado que queda mucha negociación por delante, en los términos comprometidos en el Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI. En el próximo año, el personal de la AGE debería poder estar disfrutando de los derechos que habrán de estar recogidos en esta ley. Por ello, ambos sindicatos han exigido a la Administración que esta negociación se acometa sin más demora. Es fundamental poner en valor las medidas firmadas en el Acuerdo Marco, que deben establecerse y aparecer en el contenido de la Ley para no comprometer su integridad y la visión compartida de este Gobierno progresista de poner en el foco los servicios públicos de calidad que merece la ciudadanía.

    Saludos.

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