FSC-CCOO Madrid | 24 de abril de 2024

CCOO Madrid se opone a la modificacíon de estatutos del Canal de Isabel II

  • Los nuevos estatutos retrotraen al Canal de Isabel II a una situación de hace tres décadas, cuando se sentaron las bases de la corrupción y el saqueo de la empresa La Plataforma, de la que forma parte CCOO, denuncia la nula participación ciudadana y la total opacidad en el proceso de elaboración de la propuesta de modificación de los estatutos

21/12/2022.
Manifestación plantilla de Canal de Isabel II (archivo)

Manifestación plantilla de Canal de Isabel II (archivo)

Madrid, 20 dic (EFE).- El sindicato CCOO Madrid, que forma parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, también han mostrado su oposición a que "a la propuesta de modificación de los estatutos" de la entidad pública, ya que "retrotraen a la empresa a una situación de hace tres décadas".

De esta manera, desde el sindicato se suman al llamamiento realizado desde la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II a los ayuntamientos que forman parte de la Junta de Accionistas de la entidad para que voten en contra de esta modificación de estatutos.

Desde la Plataforma han alertado de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa convocada para este miércoles tiene el objetivo de modificar sus estatutos sociales, determinar el número de miembros de su Consejo de Administración y nombrar a los consejeros que procedan.

"Estos dos últimos puntos se derivan de la modificación de los estatutos que, sin duda, se aprobará atendiendo a que solo la Comunidad de Madrid detenta el 82,4% del accionariado y que es la que la promueve", añaden desde la plataforma en un comunicado.

Este colectivo insiste en que la propuesta de modificación de los estatutos, que "en ningún momento ha sido sometida a escrutinio público", supone "un retroceso y la revisión de algunas decisiones que se tomaron como consecuencia de los casos de corrupción en los que estuvo involucrado el Canal de Isabel II".

"Durante la presidencia de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid se sentaron las bases de la corrupción, en tanto que se amplió su ámbito territorial de actividad más allá de la región de Madrid favoreciendo su presencia en otros territorios de España y, especialmente, en el contexto internacional", recuerdan.

Además, afirman que, entonces, ya "se relajaron los controles por parte del Consejo de Gobierno hacia la empresa, se implantaron prácticas de gestión opacas y desapareció la rendición de cuentas".

"Cuando la corrupción implosionó en el CYII, y después del cese del equipo que la había propiciado, se adoptaron medidas tendentes a evitar que se repitieran situaciones análogas, entre las que estuvieron la limitación de la actividad del CYII exclusivamente a la región de Madrid", añaden.

Sin embargo, aseguran que "con los gobiernos de Díaz Ayuso, estas medidas han ido remitiendo hasta llegar al punto que se concreta en los nuevos estatutos, que configuran un escenario preocupante", ya que "se modifica el objeto social de la sociedad, volviéndose a ampliar el ámbito territorial de su actividad".

Además, "se amplía sustancialmente el objeto social, convirtiéndola en una empresa multiservicios ya que abarca, además de los asociados al ciclo urbano del agua -para cuya gestión fue creada-, una amplia gama de sectores, que van desde el desarrollo y venta de energía hasta la información y las comunicaciones".

"De esta forma, el CYII se configura como una empresa multiservicios que puede actuar directa o indirectamente a través de otras sociedades sin que se especifiquen los controles parlamentarios a los que debe someterse, reproduciéndose así la situación que propició el desarrollo de la corrupción", recalcan.

El tercer aspecto que causa preocupación en esta plataforma es que "el CYII pasa a ser un medio propio personificado de la Comunidad de Madrid, que lo convierte en un instrumento destinado a actuar, como ya se ha puesto en evidencia, tanto en la región de Madrid como en otros territorios".

Por ello, desde la Plataforma llaman a los ayuntamientos que forman parte de la Junta de Accionistas a que "se opongan a la propuesta de modificación de los estatutos y que propongan un proceso de debate abierto y participativo sobre este tema que se extienda a la ciudadanía".

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