La Administración del Estado incumple las medidas para la transición acordadas por el propio Gobierno

    El sindicato ha presentado dos recursos judiciales contra las instrucciones publicadas por la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Guardia Civil, al entender que se incumple el acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que en ambos organismos está garantizada la prestación del servicio público.

    25/05/2020.
    Imagen de la Administración de la AEAT de Montalbán en Madrid

    Imagen de la Administración de la AEAT de Montalbán en Madrid

    CCOO ha presentado dos recursos por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, al entender que la publicación de instrucciones para la reincorporación al trabajo presencial en la Administración General del Estado sin participación de las organizaciones sindicales supone una vulneración de las garantías establecidas normativamente para el personal público. Este anuncio llega después de las publicaciones de dos instrucciones, en la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Guardia Civil, sin la pertinente reunión de los órganos de representación del personal, lo que supone un incumplimiento de la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, firmada el pasado 4 de mayo.

    En el caso de la Agencia Tributaria, la directora del Departamento de Recursos Humanos firmó la instrucción el 11 de mayo, sin que se haya producido la reunión de la mesa de negociación comprometida con Función Pública. El sindicato trasladó su queja al director general de la AEAT, Jesús Gascón, lamentando que en un momento tan difícil para la plantilla se traten de imponer las medidas para la reincorporación al trabajo presencial, en lugar de consensuarlas dentro del marco establecido. “En este escenario es imprescindible garantizar la seguridad y la salud de las empleadas públicas y los empleados públicos, pero también de las ciudadanas y los ciudadanos que a partir de la Fase II podrán acudir con cita previa a las oficinas”, recuerda José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración del Estado. “Esta imposición resulta inexplicable, más cuando alrededor del 90 % del personal de la Agencia Tributaria está teletrabajando y está garantizada la prestación del servicio público”.

    Una situación similar se produce en la Guardia Civil, donde el 12 de mayo se publicó en la Orden General una instrucción firmada por la directora general, María Gámez, sin que el Ministerio del Interior hubiese reunido siquiera su mesa de negociación. “Al tratarse de un colectivo muy pequeño, alrededor de 450 empleadas públicas y empleados públicos no pertenecientes a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el organismo considera que las aportaciones que puedan realizar las asociaciones de guardias civiles son las únicas a tener en cuenta”, lamenta Vera. “Frecuentemente encontramos, además, vulneraciones de los derechos laborales de estas compañeras y estos compañeros, a quienes se aplica erróneamente la normativa propia del personal de la Guardia Civil”. El sindicato se ha dirigido a la directora general para tratar de reconducir esta situación, exigiendo la inmediata suspensión de la Instrucción en lo que afecta al personal no perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

    CCOO tiene constancia de la existencia de un importante número de instrucciones que ya están redactadas, “aunque al menos se está manteniendo una apariencia de negociación, y se está esperando a la reunión de los órganos de representación de las trabajadoras y los trabajadores para su publicación y entrada en vigor. A partir de ese momento, procederemos a denunciar aquellas cuestiones en que se incumpla la Resolución acordada con el Gobierno”.

    El sindicato insiste en que la Administración del Estado no está tomando las medidas de prevención ni las medidas organizativas que se establecen para la protección de la seguridad y la salud del personal público ni de las ciudadanas y los ciudadanos que hagan uso de ella de manera presencial. “Un ejemplo evidente son las limitaciones de aforo: se fijan unos porcentajes, pero no se arbitran herramientas para su adecuación o para controlar el acceso”, concluye Vera.

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